EL COSTE DE LA JUSTICIA

En España muchos servicios públicos son completamente gratuitos y universales para todos. Algunos tan importantes económicamente como la Sanidad o la Educación que son financiados principalmente con los impuestos de todos los ciudadanos.

En este artículo quiero reflexionar sobre el servicio público de la Justicia, a quién también le corresponde una parte de nuestros impuestos. Con ellos se pagan los gastos del personal que trabaja en los juzgados, las infraestructuras judiciales y también la llamada “justicia gratuita”, es decir, los gastos generados por abogados, procuradores, peritos y publicaciones en diarios oficiales, que son gratuitos para todos aquellos ciudadanos españoles y extranjeros que tienen unas rentas inferiores a unos parámetros legalmente establecidos –doble del salario mínimo interprofesional-. De esta manera, tienen derecho a solicitarlo “de oficio” y los honorarios y gastos devengados son pagados por la Administración de Justicia con cargo a sus Presupuestos, esto es, por todos nosotros.

Indudablemente siempre se ha de gestionar bien los recursos públicos tal y como se viene haciendo desde nuestra Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, pero en tiempos de crisis económica, más todavía si cabe. Debemos ser más eficientes, imaginativos y sobre todo usar el sentido común.

En cuanto a la justicia gratuita, es un gasto que va en continuo aumento. Y, así siendo una realidad que se incrementan las conductas que se someten a los Juzgados de lo Penal, por ejemplo, en delitos referentes a imprudencias en la conducción de vehículos hay que resaltar que nos encontramos con situaciones paradójicas, que no guardan mucha lógica. Así, en muchos casos, la multa a un individuo por su exceso de velocidad o su alcoholemia es más barata que la que todos los ciudadanos debemos abonar porque esa persona que no dispone bienes sea debidamente defendida y representada por abogado/a y procurador/a resultando mucho más caros dichos profesionales que la propia multa impuesta.

Así resulta paradójico que si se aparca indebidamente un coche se deba pagar la grúa si se quiere recuperar, se sea solvente o no, mientras que, según el ejemplo visto, en un proceso penal por una cuestión de circulación, en principio, los profesionales de la persona insolvente los debemos abonar entre todos con cargos a los presupuestos públicos. Podrían arbitrarse otras soluciones como podría ser conceder pagos aplazados de los honorarios de abogado y gastos de procurador como parte de la pena. Son éstas cuestiones sobre las que se ha de reflexionar y plantear modificaciones legislativas, especialmente al criminalizar delitos de circulación, que van a producir una repercusión económica importante en el coste de la Justicia.

Estas medidas, de las que no se ha ocupado hasta ahora el legislador estatal, junto con otras de tipo legislativo y reglamentario y de gestión llevarán a un mejor aprovechamiento del presupuesto disponible y en definitiva a dar un mejor servicio público, especialmente en tiempos de crisis económica en que sube la conflictividad judicial. La Justicia debe estar a la altura que la sociedad de la novena economía mundial le demanda.

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