EL INTERÉS DE LOS MENORES

La Constitución española en su art. 39 obliga a los poderes públicos asegurar la protección integral de los hijos encaminado a conseguir la reeducación y reinserción de este colectivo al objeto de responder a las necesidades y demandas que requiere la sociedad española.

La protección del niño en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por nuestro país el 30 de noviembre de 1990 que sigue la línea del conjunto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas relativas a la administración de la justicia para menores, conocidas como “Reglas de Pekín” aprobadas por la Asamblea General el 29 de noviembre de 1985 e incluidas en el Anexo a la Resolución 40/33 se basa en el interés superior del mismo, en los principios de libertad y de la dignidad de éste así como en el respeto de sus señas de identidad y a sus características individuales y colectivas, propensión que ha de persistir en la ejecución de las medidas adoptadas por los Juzgados de Menores o Audiencias Provinciales bien entendido que concede el legislador la máxima importancia a este interés toda vez que, por ejemplo, no se habla del interés del penado –interés del mayor- en la legislación que les es aplicable.

Nuestra legislación procesal de menores, principalmente la Ley Orgánica 5/2000 y su Reglamento, establecen una serie de medidas que actualizan el marco jurídico vigente de protección del menor cuyos principios parten de la instauración general de la mayoría de edad penal en los dieciocho años, y se fundamenta en principios orientados hacia la reeducación de los menores de edad infractores, con base a sus circunstancias personales, familiares y sociales y que, también, han de ser de aplicación a los menores extranjeros.

Así, para llegar a imponer una medida útil al menor de edad infractor se deberá seguir el procedimiento de naturaleza sancionadora-educativa previsto legalmente donde se deberá valorar tanto los hechos cometidos en su acción punible como el interés del joven. La nueva normativa regula, además, la posible sustitución de una medida por otra durante la ejecución de la misma, siempre, en interés del menor.

Además, el interés del menor, aunque debe abarcar todos cuantos aspectos puedan coadyuvar a encontrar la medida más adecuada para imponer al menor infractor, entendemos que ésta debe ser principalmente educacional si bien otros criterios éticos o morales pueden acompañar al interés principal que, debe ser, encontrar la medida educacional correcta que permita reintegrarle de la manera más idónea a la sociedad que pertenece.

De esta manera, el interés del menor se configura como un criterio que de una manera principal vincula al Juez de Menores o a la Audiencia Provincial por cuanto que son estos órganos jurisdiccionales quienes deben imponer la medida o medidas que habrán de cumplir los menores. Para ello, pues, el Juez, teniendo como base las peticiones realizadas por el Ministerio Fiscal y el Letrado del menor, así como los informes del Equipo técnico, en sentencia debe imponer la medida educativa que considere idónea para que pueda trasladar al menor del ámbito de la infracción al de la reinserción en sociedad.

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