INDULTOS

El indulto es una medida de gracia regulada por una norma originaria de 1870, cuya última reforma importante se realizó en 1988, siendo Ministro de Justicia Fernando Ledesma y Presidente del Gobierno Felipe González. En ningún caso cancela los antecedentes penales ni extingue la responsabilidad civil derivada del delito.

En los últimos tiempos se han suscitado ciertas polémicas por indultos concedidos, como uno que afectaba a la seguridad vial, como por la solicitud de los mismos por políticos.

Se ha reducido el número de indultos concedidos. En 2014 (hasta 7 de octubre) se han concedido 65, frente a 190 en todo el año 2013, y 501 en todo el año 2012.

En el presente año (hasta 7 de octubre) no se ha concedido ningún indulto por delitos de seguridad vial, rechazándose las 713 solicitudes recibidas.

Este Gobierno no ha concedido ningún indulto a condenados por tráfico de influencias.

Esa política de reducción de indultos se refleja en los 65 indultos concedidos en los diez primeros meses de 2014 –el 1,35% de las solicitudes recibidas- frente a los 166  concedidos en el mismo periodo de 2013, los 415 de 2012 o los 273 de 2011.

Asimismo, en este año (hasta 7 de octubre) el 98% de los indultos concedidos tenía el parecer favorable del tribunal sentenciador, del Ministerio Fiscal o de ambos.

Es erróneo afirmar que el indulto se concede o se deniega dependiendo de un puro acto de voluntad por parte del Gobierno. La concesión o denegación de cualquier  indulto sigue un procedimiento reglado de acuerdo con lo estipulado por la ley, y culmina en una decisión que no puede ser conformada hasta haber escuchado al tribunal sentenciador y el ministerio público. Aun así, el Gobierno no tiene que motivar los indultos, del mismo modo que los informes que recibe tanto de la Tribunal sentenciador como de la Fiscalía no son vinculantes para tomar una decisión. Sin embargo, en la actual legislatura el 96% de los indultos concedidos tenía el parecer favorable del tribunal sentenciador, del Ministerio Fiscal o de ambos.

La concesión o denegación de indultos son decisiones revisables por la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque solo es competente para controlar que se hayan observado todos los elementos reglados en la formación del expediente.

El indulto ha sido hasta ahora una figura que los propios jueces y magistrados han valorado positivamente. Tanto que los propios tribunales sentenciadores solicitan en ocasiones el indulto para evitar el cumplimiento de sus propias sentencias. En los últimos seis años, los tribunales han pedido el indulto hasta en 150 ocasiones.

Entre 2006 y 2012, el Tribunal Supremo ha informado a favor del indulto en 157 ocasiones. Es decir: hasta en 157 ocasiones el Tribunal Supremo se mostró a favor de que el Gobierno ejerciera la medida de gracia.

El Gobierno del Partido Popular, desde que asumió sus responsabilidades en 2011, ha puesto especial celo en la concesión de indultos vinculados con delitos que causan especial inquietud entre los ciudadanos no habiendo concedido ningún indulto a condenados por tráfico de influencias, y de los 65 indultos concedidos en 2014 solo dos lo fueron por asuntos relacionado con un delito contra la administración pública, mientras se han rechazado 125 peticiones de la misma naturaleza.

Y, en materia de seguridad vial, ni en 2014 ni en 2013 el Consejo de Ministros concedió indultos por delitos contra la seguridad vial y se rechazaron 713 solicitudes en 2014 (hasta 7 de octubre) y 1172 solicitudes en 2013, y en 2012 el porcentaje de indultos sobre delitos de seguridad vial fue del 1,6%.

 

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