ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DÉFICIT

(Diciembre de 2012) 

 

El pasado jueves celebramos el 34 aniversario de la Constitución que la inmensa mayoría de españoles nos dimos en 1978. A la vista del tiempo transcurrido se ha ido poniendo de manifiesto que nos ha servido para funcionar como un país democrático y que se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos habiendo sido reformada en materias muy puntuales en dos ocasiones. Y hoy, también se pone de manifiesto que necesita reformarse la Administración Pública.

La situación económica y la sociedad demandan una reforma estructural en nuestra Administración Pública estatal, autonómica y local que ajuste la Administración Pública desde todos sus niveles para seguir avanzando en la línea de la estabilidad presupuestaria. Los ciudadanos demandan un cambio de mentalidad: han caído los ingresos y hay que adecuar el funcionamiento de la Administración a esa disminución y la reforma necesita hacerse bajo el marco de la Constitución y mediante un gran pacto de Estado con todas las Administraciones, con el liderazgo del Gobierno. Por ello, se ha dado el primer paso con la constitución de una Comisión (que es resultado de uno de los compromisos que se alcanzaron en la Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado 2 de octubre) para auditar el funcionamiento de las Administraciones. Se trata de la reforma más importante del Gobierno dado que es la primera vez en treinta años que se pone en marcha una reforma de estas características.

La reforma de las Administraciones Públicas debe girar en torno al cumplimiento de cuatro ejes principales: 1. Ejemplaridad: reducción de cargos públicos y personal de confianza; 2. Racionalización: eliminación de órganos duplicados y reducción del sector; 3. Clarificación de las competencias: una administración, una competencia y 4. Eficiencia: Satisfacer las necesidades de los ciudadanos al menor coste posible. Para conseguir tal objetivo, el Gobierno ha demostrado diálogo con el principal partido de la oposición y, a nivel institucional, con todas las CCAA, municipios y provincias. Además, el Gobierno tiene previsto abrir una web para que la Comisión de Reforma de la Administración reciba y escuche todas las ideas y propuestas de los ciudadanos.

Y, en ese camino, se encuentran las Comunidades Autónomas para cumplir con el objetivo de déficit, ya que cerraron el tercer trimestre con un déficit del 0,93% del PIB compatible con el cumplimiento del objetivo del 1,5% a fin de año.

En la Comunidad Valenciana, hasta septiembre de 2012 se ha reducido el déficit a la mitad respecto al año pasado alcanzando el -1,6% del PIB, sin contar los anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómica y un -0,59% incluyéndolos. Hemos pasado de un déficit del -3,34% en el tercer trimestre del año pasado a un déficit del -1,6%, lo que representa una contención del gasto cercana a los 1.800 millones de euros.

Éste es el resultado de las medidas de ajuste, duras pero necesarias, que Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana y su Consell han aplicado a lo largo del ejercicio. Y ello, siendo la Comunitat, la cuarta autonomía donde más han bajado los gastos no financieros, un -9,47%, siendo la media de las autonomías un -4,9%, resultados que todavía tienen más mérito si tenemos en cuenta la insuficiente financiación que padece nuestra Comunitat por lo que el esfuerzo en nuestra región es todavía mayor.

 

 

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