ADELGAZAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

(Junio de 2012)

 

El Partido Popular es un partido político liberal y reformista. En esta línea, el Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado la reforma de la Administración para adaptarla a las necesidades de los ciudadanos. Por ello, la Administración General de Estado ha comenzado a adaptarse al Plan de Austeridad racionalizando dicho sector público y su número de personal de dirección.

Así, una de las primeras medidas del Gobierno fue la reducción de altos cargos y personal directivo con un ahorro de cinco millones de euros y puso en marcha un Plan de racionamiento del sector público y fundacional con el que redujo 80 sociedades.

Las administraciones públicas deben redimensionarse para adaptarse a la sociedad actual ofreciendo las mismas prestaciones de calidad. En diez años, el número de funcionarios en las administraciones públicas ha crecido en un 20%: en total, 440.000. Ni la población ni sus necesidades han crecido proporcionalmente. Como ya lo ha hecho la administración central, CCAA y ayuntamientos deben adaptarse también al plan de estabilidad presupuestaria, esto es, no gastar lo que no se tiene. Las administraciones son la base del bienestar de los ciudadanos, por lo que el objetivo debe ser garantizar su sostenibilidad para que sigan cumpliendo dicho servicio.

El Gobierno de la nación ha anunciado también poner en marcha un Estatuto del directivo público para acabar con el vacío legal actual sobre las funciones de este colectivo regulando la vinculación entre el personal directivo y la administración y el desarrollo de los procesos de selección, entre otros asuntos. De esta manera, la reforma de la Administración eliminará duplicidades y solapamientos, siendo su máxima: una administración, una competencia y, para ello, uno de los primeros pasos es clarificar las competencias, especialmente la de la administración local a fin de proteger su salud financiera.

Por su parte, las Diputaciones Provinciales se prevé que gestionen los servicios obligatorios del 95% de ayuntamientos de localidades con menos de 20.000 habitantes. Esta medida garantizará que los ciudadanos nunca vean mermados sus derechos y prestaciones básicas por el hecho de vivir en pequeñas localidades. Y, en este sentido, Javier Moliner, Presidente de la Diputación Provincial y próximo presidente del Partido Popular provincial ya ha manifestado que así se ofrecerá un servicio más eficiente, se eliminará burocracia y se aprovecharán al máximo los recursos disponibles.

En definitiva, se asegura la sostenibilidad de los servicios públicos mediante un nuevo modelo de financiación de la administración local que, entre otras cosas, ha supuesto la ampliación de su financiación con el plan de pago a proveedores, incrementándose su partida en los Presupuestos Generales de Estado que la semana pasada aprobamos en el Senado y su ampliación a 10 años para devolver las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 en el camino de conseguir la incentivación de nuestra industria y de nuestros sectores productivos agrícola, ganadero y turístico con base en los Fondos Europeos.

 

 

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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DÉFICIT

(Diciembre de 2012) 

 

El pasado jueves celebramos el 34 aniversario de la Constitución que la inmensa mayoría de españoles nos dimos en 1978. A la vista del tiempo transcurrido se ha ido poniendo de manifiesto que nos ha servido para funcionar como un país democrático y que se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos habiendo sido reformada en materias muy puntuales en dos ocasiones. Y hoy, también se pone de manifiesto que necesita reformarse la Administración Pública.

La situación económica y la sociedad demandan una reforma estructural en nuestra Administración Pública estatal, autonómica y local que ajuste la Administración Pública desde todos sus niveles para seguir avanzando en la línea de la estabilidad presupuestaria. Los ciudadanos demandan un cambio de mentalidad: han caído los ingresos y hay que adecuar el funcionamiento de la Administración a esa disminución y la reforma necesita hacerse bajo el marco de la Constitución y mediante un gran pacto de Estado con todas las Administraciones, con el liderazgo del Gobierno. Por ello, se ha dado el primer paso con la constitución de una Comisión (que es resultado de uno de los compromisos que se alcanzaron en la Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado 2 de octubre) para auditar el funcionamiento de las Administraciones. Se trata de la reforma más importante del Gobierno dado que es la primera vez en treinta años que se pone en marcha una reforma de estas características.

La reforma de las Administraciones Públicas debe girar en torno al cumplimiento de cuatro ejes principales: 1. Ejemplaridad: reducción de cargos públicos y personal de confianza; 2. Racionalización: eliminación de órganos duplicados y reducción del sector; 3. Clarificación de las competencias: una administración, una competencia y 4. Eficiencia: Satisfacer las necesidades de los ciudadanos al menor coste posible. Para conseguir tal objetivo, el Gobierno ha demostrado diálogo con el principal partido de la oposición y, a nivel institucional, con todas las CCAA, municipios y provincias. Además, el Gobierno tiene previsto abrir una web para que la Comisión de Reforma de la Administración reciba y escuche todas las ideas y propuestas de los ciudadanos.

Y, en ese camino, se encuentran las Comunidades Autónomas para cumplir con el objetivo de déficit, ya que cerraron el tercer trimestre con un déficit del 0,93% del PIB compatible con el cumplimiento del objetivo del 1,5% a fin de año.

En la Comunidad Valenciana, hasta septiembre de 2012 se ha reducido el déficit a la mitad respecto al año pasado alcanzando el -1,6% del PIB, sin contar los anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómica y un -0,59% incluyéndolos. Hemos pasado de un déficit del -3,34% en el tercer trimestre del año pasado a un déficit del -1,6%, lo que representa una contención del gasto cercana a los 1.800 millones de euros.

Éste es el resultado de las medidas de ajuste, duras pero necesarias, que Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana y su Consell han aplicado a lo largo del ejercicio. Y ello, siendo la Comunitat, la cuarta autonomía donde más han bajado los gastos no financieros, un -9,47%, siendo la media de las autonomías un -4,9%, resultados que todavía tienen más mérito si tenemos en cuenta la insuficiente financiación que padece nuestra Comunitat por lo que el esfuerzo en nuestra región es todavía mayor.

 

 

2012,… NO IMPORTA

(Enero de 2012)

El Partido Popular ha empezado a gobernar. A la vista de los informes de la Intervención General del Estado, el Gobierno estima que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas puede situarse en torno al 8 por ciento, 2 puntos superior al déficit reconocido por el gobierno anterior.

Desde el Partido Popular en la oposición se advirtió al Gobierno del PSOE de la situación insostenible en la que estaba la economía española. Pese a los informes de los servicios de Estudios Económicos, el anterior Gobierno no mostró el grave deterioro de las cuentas públicas, consecuencia de un erróneo diagnóstico, de una mala gestión y de un irresponsable gasto público del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Por fin tenemos un Gobierno del Partido Popular que actúa de inmediato porque la situación no nos permite la menor vacilación. Por fin tenemos un Gobierno que viene a solucionar problemas, no a crearlos.

El Gobierno del Partido Popular ha aprobado ya una serie de medidas que son extraordinarias y responden a una situación extraordinaria. En total, de momento, suponen un esfuerzo de 15.000 millones de euros, de los cuales 9.000 se corresponden a la reducción de gasto tal y como Mariano Rajoy prometió en la campaña electoral.    Así pues, se está realizando un gran esfuerzo de austeridad por parte del Estado cumpliendo con el compromiso de Mariano Rajoy de actualizar el poder adquisitivo de las pensiones. Es el momento de pedir un esfuerzo al conjunto de la sociedad y las fuerzas políticas deben apoyar al Gobierno en estos momentos, porque, pese a ese esfuerzo nacional, el Ejecutivo ha evitado que sean perjudicados por dichos ajustes los más débiles al no eliminarse ningún derecho social. Asimismo, las medidas adoptadas por el Gobierno suponen un incremento de los ingresos -estimado en 6.275 millones de euros- que tiene carácter progresivo y se aplica principalmente a las rentas más altas. Además, de este incremento recaudatorio se beneficiarán todas las Administraciones ya que más del 50% se va a destinar a Comunidades Autónomas y Entes Locales a través del modelo de financiación. Por ello, los ciudadanos se sienten satisfechos al observar como el Gobierno cumple su compromiso de hacer un reparto equitativo de los esfuerzos del ajuste evitando, por ejemplo, una subida del IVA y de los impuestos especiales que penalizarían por igual a todas las rentas.

Así pues, en estos momentos donde se convierte en principal la creación de empleo y salir cuanto antes de la crisis, el PP cumple con las medidas adoptadas por el Gobierno, con otros compromisos el Programa Electoral como son la recuperación de la desgravación por vivienda en el IRPF con un IVA súper reducido para la adquisición de la primera vivienda y repartir el sacrifico de este esfuerzo entre todos los ciudadanos de manera justa de forma que el mayor esfuerzo recaiga en las rentas más altas.

El Gobierno del Partido Popular está convencido de que este esfuerzo colectivo va a permitir a España iniciar la recuperación de la confianza y volver a la senda del crecimiento y del empleo. Estas medidas responden a la necesidad de afrontar el primer problema de España que es el paro y que sólo se puede vencer si hay facilidad para la financiación de la economía del país, algo que el déficit público hasta ahora impide.

Por ello, aunque 2012 pueda ser un año de sacrificios, no importa, dado que se están aplicando las medidas idóneas para la consecución del compromiso de cumplimiento con los objetivos del Programa de Estabilidad para el Reino de España.

 

 

 

110 KM. POR HORA

(Escrito en Septiembre de 2011)

Ha sido la última improvisación del gran improvisador. Ya desde el lunes es norma legal la rebaja del límite de velocidad a 110 km/hora en autovías y autopistas que se ha vestido como medida de ahorro de energía. Las disposiciones legales o reglamentarias nunca pueden ser objeto de improvisación y, desde luego, la de obligar a los españoles a ser ahorradores por decreto, la de recortarles su capacidad para moverse porque el Gobierno quiere obligarles a ahorrar es una de las improvisaciones más caóticas, ridículas y esperpénticas que se le han ocurrido al Gobierno de Zapatero, tal y como además afirmó recientemente Esteban González Pons.

Muchos ciudadanos se sientes indignados y todos asombrados por la medida adoptada por el Consejo de Ministros. Rebajar el límite de velocidad en autovías y autopistas es una medida extrema para tiempos extremos que el Gobierno ha adoptado desde la improvisación, el  desconcierto, la falta de criterio y la pérdida de todo tipo de referentes. Lo he dicho en muchas ocasiones. Estamos en manos de un ejecutivo que no tiene ni idea de cómo salir de la situación económica y que es un irresponsable cuando se trata de afrontar situaciones complejas. Hasta parece ser que el propio vicepresidente Rubalcaba dijo que dichas medidas eran improvisadas, que se le habían ocurrido conforme iba para el Consejo de Ministros. De hecho la semana pasada, en el Congreso, en el debate sobre políticas sociales de toda una mañana no dedicó ni una palabra a la posibilidad de limitar la velocidad, viniendo ello a confirmar que la medida ha sido improvisada habiéndoseles ocurrido de la noche al amanecer.

Parce que Zapatero no tiene medida mejor que adoptar que la de limitar el límite de velocidad. España necesita políticos y dirigentes profesionales sensatos y maduros. Gobernar España no puede convertirse en una cuestión de imagen. Gobernar España es dirigir la economía y la vida de todos los españoles y eso no se puede tomar a la ligera; las medidas a adoptar se tienen que meditar.

Como dijo el secretario de comunicación del PP, se ha limitado la velocidad de autopistas y autovías porque es lo que se les ha ocurrido, pero también podían haber ideado y obligado apagar la luz a las diez de la noche.

Ya lucen en nuestras carreteras las pegatinas indicativas de las limitaciones de velocidad. El ejecutivo ha creado un sistema energético de costes que responde a una política demagógica y no a un verdadero deseo de ganar eficiencia y mejora de la competitividad. El Gobierno ha demostrado una gran falta de previsión dado que el precio del petróleo ha permanecido muy bajo durante la crisis económica y tarde o temprano debía volver a sus precios anteriores.

Por otra parte, ha subido el Índice de Precios al Consumo en tres décimas el mes de febrero dada esa irresponsable política energética del Gobierno y ahora estamos pagando un doble error: por una parte, la falta de previsión y, por otra, por la política energética que se sigue lo que nos hace cada vez menos competitivos respecto a Europa volviendo a nuestros fantasmas de pérdida de competitividad y, todo esto, cuando Europa está saliendo de la crisis y España está todavía estancada dentro de ella y siendo tutelada por los organismos del continente.

Hemos bajado la velocidad, pero sobre todo la de la economía y de la competitividad y eso no se arregla colocando unas pegatinas sino en las urnas diciéndole a Zapatero que sea honesto y deje al frente del Gobierno a quien ya demostró hacerlo bien y tiene más conocimientos que dos simples tardes de Economía.

 

 

INDULTOS

El indulto es una medida de gracia regulada por una norma originaria de 1870, cuya última reforma importante se realizó en 1988, siendo Ministro de Justicia Fernando Ledesma y Presidente del Gobierno Felipe González. En ningún caso cancela los antecedentes penales ni extingue la responsabilidad civil derivada del delito.

En los últimos tiempos se han suscitado ciertas polémicas por indultos concedidos, como uno que afectaba a la seguridad vial, como por la solicitud de los mismos por políticos.

Se ha reducido el número de indultos concedidos. En 2014 (hasta 7 de octubre) se han concedido 65, frente a 190 en todo el año 2013, y 501 en todo el año 2012.

En el presente año (hasta 7 de octubre) no se ha concedido ningún indulto por delitos de seguridad vial, rechazándose las 713 solicitudes recibidas.

Este Gobierno no ha concedido ningún indulto a condenados por tráfico de influencias.

Esa política de reducción de indultos se refleja en los 65 indultos concedidos en los diez primeros meses de 2014 –el 1,35% de las solicitudes recibidas- frente a los 166  concedidos en el mismo periodo de 2013, los 415 de 2012 o los 273 de 2011.

Asimismo, en este año (hasta 7 de octubre) el 98% de los indultos concedidos tenía el parecer favorable del tribunal sentenciador, del Ministerio Fiscal o de ambos.

Es erróneo afirmar que el indulto se concede o se deniega dependiendo de un puro acto de voluntad por parte del Gobierno. La concesión o denegación de cualquier  indulto sigue un procedimiento reglado de acuerdo con lo estipulado por la ley, y culmina en una decisión que no puede ser conformada hasta haber escuchado al tribunal sentenciador y el ministerio público. Aun así, el Gobierno no tiene que motivar los indultos, del mismo modo que los informes que recibe tanto de la Tribunal sentenciador como de la Fiscalía no son vinculantes para tomar una decisión. Sin embargo, en la actual legislatura el 96% de los indultos concedidos tenía el parecer favorable del tribunal sentenciador, del Ministerio Fiscal o de ambos.

La concesión o denegación de indultos son decisiones revisables por la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque solo es competente para controlar que se hayan observado todos los elementos reglados en la formación del expediente.

El indulto ha sido hasta ahora una figura que los propios jueces y magistrados han valorado positivamente. Tanto que los propios tribunales sentenciadores solicitan en ocasiones el indulto para evitar el cumplimiento de sus propias sentencias. En los últimos seis años, los tribunales han pedido el indulto hasta en 150 ocasiones.

Entre 2006 y 2012, el Tribunal Supremo ha informado a favor del indulto en 157 ocasiones. Es decir: hasta en 157 ocasiones el Tribunal Supremo se mostró a favor de que el Gobierno ejerciera la medida de gracia.

El Gobierno del Partido Popular, desde que asumió sus responsabilidades en 2011, ha puesto especial celo en la concesión de indultos vinculados con delitos que causan especial inquietud entre los ciudadanos no habiendo concedido ningún indulto a condenados por tráfico de influencias, y de los 65 indultos concedidos en 2014 solo dos lo fueron por asuntos relacionado con un delito contra la administración pública, mientras se han rechazado 125 peticiones de la misma naturaleza.

Y, en materia de seguridad vial, ni en 2014 ni en 2013 el Consejo de Ministros concedió indultos por delitos contra la seguridad vial y se rechazaron 713 solicitudes en 2014 (hasta 7 de octubre) y 1172 solicitudes en 2013, y en 2012 el porcentaje de indultos sobre delitos de seguridad vial fue del 1,6%.

 

JUZGADOS DE SILLA CALIENTE

Hemos oído comentar en muchas ocasiones que la justicia en España es lenta y no siempre colma las expectativas de los justiciables en el tiempo deseado. Bien, pues además de que eso no es generalmente cierto –basta acudir a las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial y compararlas con otros países de nuestro entorno-, no por ello se han de estar buscando continuas alternativas dirigidas a una sustancial mejora.

Para solucionar la cuestión cabría arbitrar diversas fórmulas, unas tendentes a reformar la legislación y otras dirigidas hacia la mejora en la utilización de los recursos tanto humanos como materiales. Las reformas legislativas se imponen necesarias no sólo porque han salido a la luz diversos casos que muestran la situación actual de nuestra Justicia sino porque es la gran reforma de Estado que queda pendiente todavía por hacer. En este artículo me quiero parar a reflexionar tan solo en una de las propuestas que entiendo podrían ayudar a adelantar los tiempos en justicia.

Si pues los tribunales tienen que conseguir además de Justicia, eficiencia en su trabajo, esto es, capacidad de respuesta eficaz y efectiva respecto a las cuestiones que les son sometidas y que les legitiman socialmente ganando en confianza y credibilidad social, una fórmula para alcanzar esa intención sería la que denomino Juzgados de silla caliente.

Hoy día disfrutamos en muchas localidades –casi siempre en Comunidades Autónomas con competencias transferidas- de magníficas infraestructuras judiciales en las que se ha invertido gran cantidad de dinero y, no obstante, se encuentran desaprovechadas. Esto es, los funcionarios cumplen su horario de trabajo por la mañana y, llegada la hora de finalizar su jornada, se marchan dejando absolutamente vacías todas las tardes las oficinas judiciales. Y, ello, con independencia de que indudablemente los magistrados y algunos funcionarios deben trabajar en su domicilio para poder dictar las oportunas resoluciones y sacar el trabajo diario. Pues bien, teniendo los edificios que tenemos, la propuesta pasa por comprender que el juez/a, el secretario/a o el funcionario/a no es propietario del despacho público que ocupa en el que trabaja y sirve a la Justicia. El juez/a, el secretario/a o el funcionario/a serán propietarios del despacho que puedan tener en su casa, pero no del que utilizan en el juzgado o tribunal en que sirven habida cuenta que lo deben disfrutar en tanto en cuanto desempeñan sus funciones públicas. De esta manera, así como funciona un Juzgado o tribunal por la mañana de 8,00 h. a 15,00 h., en cuanto se fuera el personal que lo ocupa por la mañana, podrían venir otros jueces, secretarios y funcionarios que, ocupando esos mismos despachos, supusieran otro juzgado distinto y trabajaran con sus propios expedientes en horario de tarde, recibiendo declaraciones testificales, periciales, celebrando juicios y realizando, en fin, cuantas tareas correspondieran al juzgado de tarde en el que sirvieran (materia civil, penal, contencioso-administrativo, social, menores, etc.). Así pues, los juzgados y tribunales que hicieran falta dado el cúmulo de expedientes que tuvieran, supondría que estarían funcionando a todas horas las oficinas judiciales pudiéndose despachar el doble del papel que ahora se resuelve y, el coste que supondría la creación de estos juzgados haría que se multiplicara por dos la eficiencia judicial y a su vez se dividiera por dos el gasto que suponen dichas infraestructuras judiciales. Esa es una de mis propuestas para la consecución de una justicia eficaz que, por otra parte, podría extenderse también a cualquier otro ámbito o materia de la Administración Pública.

EL COSTE DE LA JUSTICIA

En España muchos servicios públicos son completamente gratuitos y universales para todos. Algunos tan importantes económicamente como la Sanidad o la Educación que son financiados principalmente con los impuestos de todos los ciudadanos.

En este artículo quiero reflexionar sobre el servicio público de la Justicia, a quién también le corresponde una parte de nuestros impuestos. Con ellos se pagan los gastos del personal que trabaja en los juzgados, las infraestructuras judiciales y también la llamada “justicia gratuita”, es decir, los gastos generados por abogados, procuradores, peritos y publicaciones en diarios oficiales, que son gratuitos para todos aquellos ciudadanos españoles y extranjeros que tienen unas rentas inferiores a unos parámetros legalmente establecidos –doble del salario mínimo interprofesional-. De esta manera, tienen derecho a solicitarlo “de oficio” y los honorarios y gastos devengados son pagados por la Administración de Justicia con cargo a sus Presupuestos, esto es, por todos nosotros.

Indudablemente siempre se ha de gestionar bien los recursos públicos tal y como se viene haciendo desde nuestra Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, pero en tiempos de crisis económica, más todavía si cabe. Debemos ser más eficientes, imaginativos y sobre todo usar el sentido común.

En cuanto a la justicia gratuita, es un gasto que va en continuo aumento. Y, así siendo una realidad que se incrementan las conductas que se someten a los Juzgados de lo Penal, por ejemplo, en delitos referentes a imprudencias en la conducción de vehículos hay que resaltar que nos encontramos con situaciones paradójicas, que no guardan mucha lógica. Así, en muchos casos, la multa a un individuo por su exceso de velocidad o su alcoholemia es más barata que la que todos los ciudadanos debemos abonar porque esa persona que no dispone bienes sea debidamente defendida y representada por abogado/a y procurador/a resultando mucho más caros dichos profesionales que la propia multa impuesta.

Así resulta paradójico que si se aparca indebidamente un coche se deba pagar la grúa si se quiere recuperar, se sea solvente o no, mientras que, según el ejemplo visto, en un proceso penal por una cuestión de circulación, en principio, los profesionales de la persona insolvente los debemos abonar entre todos con cargos a los presupuestos públicos. Podrían arbitrarse otras soluciones como podría ser conceder pagos aplazados de los honorarios de abogado y gastos de procurador como parte de la pena. Son éstas cuestiones sobre las que se ha de reflexionar y plantear modificaciones legislativas, especialmente al criminalizar delitos de circulación, que van a producir una repercusión económica importante en el coste de la Justicia.

Estas medidas, de las que no se ha ocupado hasta ahora el legislador estatal, junto con otras de tipo legislativo y reglamentario y de gestión llevarán a un mejor aprovechamiento del presupuesto disponible y en definitiva a dar un mejor servicio público, especialmente en tiempos de crisis económica en que sube la conflictividad judicial. La Justicia debe estar a la altura que la sociedad de la novena economía mundial le demanda.